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El Gobierno y el PNV pactan excarcelar a presos de ETA

Pedro sanchez

Terrorista en libertad después de asesinar personas inocentes

El Gobierno vasco y los dos partidos que lo sostienen en Euskadi pretenden jugar un confuso protagonismo en los cambios de la política penitenciaria con los presos de ETA que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez pretende poner en marcha. El lehendakari, Iñigo Urkullu; el presidente del PNVAndoni Ortuzar, y la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendiase reunieron ayer durante dos horas y media pero zanjaron en una nota el contenido de lo tratado. Entre sus conclusiones, «apuestan» por vincular la política penitenciaria con la «convivencia» y defienden como instrumentos no sólo el «acercamiento» sino también la «progresión de grado», lo que podría desembocar en la excarcelación de algunos etarras.

Cinco días después del encuentro en La Moncloa entre Sánchez y Urkullu sigue sin aclararse en qué consistirá la capacidad de influencia del Gobierno vasco en la nueva política penitenciaria ratificada por el presidente del Gobierno tras la comparecencia de su homólogo vasco en la sala de prensa de La Moncloa. El lehendakari anunció un «grupo de trabajo» conformado por miembros de los dos Ejecutivos para determinar la política penitenciaria y, un día después, el consejero y portavoz vasco, Josu Erkoreka, ratificó que el máximo agente del País Vasco en ese foro sería el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. De hecho, Fernández ha sido el coordinador y autor de los cinco documentos elaborados por el Gobierno vasco durante los últimos seis años en los que se contemplan los procesos de reinserción de los presos de ETA y su papel puede ser determinante al representar a un Gobierno compartido por nacionalistas y socialistas.

Está aún por ver si la designación de Jesús Loza como delegado del Gobierno -una apuesta personal de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia- se convierte en contrapeso del liderazgo de Fernández en la presión institucional y política que los nacionalistas vascos pretenden llevar a cabo y en la que se incluye como parte de esta «política de convivencia» la cesión de las tres cárceles ubicadas en Zaballa(Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa).

Fuentes del Ejecutivo vasco relativizaron la incorporación de la «progresión de grado» entre las conclusiones del análisis conjunto y recordaron que para lograr el cambio en estas calificaciones existen requisitos que deben cumplir los etarras.

El Gobierno vasco pretende trabajar en un ámbito de discreción su «comunicación fluida» con el Gobierno de Sánchez en esta delicada materia. La expresión reflejada en el comunicado conjunto de PNV y PSE rebaja notablemente el carácter dado por Urkullu de «grupo de trabajo». Fuentes del Ejecutivo vasco asumieron que se tratará de un «ámbito» de colaboración sin el rango al que se dotarán las comisiones que negociarán las 37 transferencias que reclama la administración vasca.

La presión institucional desde Euskadi sobre Sánchez para que active cambios en la política penitenciaria no sólo se reiteraron ayer desde los partidos del Gobierno sino que también EH Bildu y Podemos se sumaron a una iniciativa parlamentaria en la que se «insta a las instituciones competentes» a acabar con la dispersión actual de los miembros de ETA encarcelados. Todos los partidos vascos, a excepción del PP, respaldaron «la aplicación de principios como el de individualización, humanidad con los presos gravemente enfermos y el reconocimiento del daño causado».

La Cámara vasca reiteró la reclamación ya realizada al Gobierno de Mariano Rajoypara que, en un plazo de seis meses, el presidente Pedro Sánchez concrete en un cronograma cómo va a ceder las competencias que se le reclaman y, especialmente, la cesión de las prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social con una mención expresa a la Disposición Adicional Quinta del Estatuto pero obviando lo recogido en varias sentencias del Tribunal Constitucional.

El PP, muy crítico con esta reiterada reclamación, recordó que tanto PNV como EH Bildu han activado el procedimiento para la redacción de un nuevo Estatuto con reclamaciones como el derecho a decidir que vulneran la Constitución. Su portavoz, Borja Sémper, vinculó este proceso con el del Estatuto aprobado en Cataluña y parcialmente suspendido por el Tribunal Constitucional. «Para ustedes [por PNV y EH Bildu] Pedro Sánchez es un chollo», señaló.

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