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El Tribunal de Cuentas denuncia que se subvenciona a las ONG sin revisar en qué gastan los fondos

El Tribunal de Cuentas denuncia que se subvenciona a las ONG sin revisar en qué gastan los fondos

Las millonarias subvenciones que España reparte a las ONG para la ayuda al desarrollo son un gasto sin apenas fiscalización, según revela un informe del Tribunal de Cuentas sobre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El Tribunal de Cuentas ha descubierto que, de los 3.819 millones repartidos en 2016 -último ejercicio fiscalizado-, unas subvenciones acabaron destinándose a objetivos distintos de los presupuestados, otras se concedieron con insuficiente justificación económica, y en todas no se siguió, de forma sistemática, los requerimientos para la rendición de las cuentas justificativas una vez transcurrido el plazo límite de justificación.

La ausencia de control sobre el dinero público que cada año se destina a la ayuda oficial al desarrollo es especialmente sangrante en la línea de ayuda plurianual para Convenios de cooperación para el desarrollo con ONGs que gestiona la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Más de 160 millones de euros de los que el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado sólo un 33 % de los expedientes tramitados con un balance desolador: en ninguno de los 20 convenios auditados al azar se ha tenido constancia de que la AECID “haya comprobado ni exigido a los beneficiarios el cumplimiento del porcentaje de ejecución de las ayudas” establecido en la norma “como requisito previo al pago de las anualidades correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017”.

En otras palabras, el Tribunal de Cuentas no ha podido constatar que las subvenciones fueran ejecutadas por las ONG beneficiarias, sin que ello haya sido obstáculo para seguir recibiendo ayudas los años siguientes.

En ninguno de los 20 convenios auditados la AECID “ha comprobado ni exigido a los beneficiarios el cumplimiento del porcentaje de ejecución de las ayudas”

Tampoco las subvenciones nominativas entregadas directamente, sin concurrencia pública, a 19 fundaciones o institutos ligados a la cooperación internacional es un dechado de transparencia, eficacia y control.

En las comprobaciones efectuadas por los auditores del Tribunal de Cuentas “se ha puesto de manifiesto que el objeto de las ayudas analizadas no se ha definido con suficiente detalle, limitándose a establecer el nombre y los fondos asignados por el programa o actividad a desarrollar por el beneficiario, sin detallar por tanto el contenido ni los objetivos de los mismos”, contraviniendo así la Ley General de Subvenciones.

“Esto ha originado que los beneficiarios hayan aplicado un amplio margen de discrecionalidad en la ejecución de dichos programas y actividades”, concluye el Tribunal de Cuentas.

La auditoría del organismo encargado de velar por las cuentas públicas es especialmente crítico con la AECID a la hora de evaluar la eficacia, eficiencia y economía de los recursos destinados a estas subvenciones. El informe señala que la AECID no ha efectuado un uso adecuado de los instrumentos previstos tanto en la normativa reguladora de su propia actividad, como en la normativa de subvenciones, presupuestaria o contable, para realizar un adecuado seguimiento y control de la aplicación de los principios de buena gestión.

Según el Tribunal de Cuentas, existen incoherencias entre las memorias presupuestarias y los estados de gasto; ausencia de indicadores para medir determinadas actividades o la presencia de indicadores que no proporcionaron información suficiente y relevante para la toma de decisiones; falta de seguimiento de los resultados obtenidos y de las desviaciones producidas; falta de vinculación entre el Plan Estratégico de carácter plurianual existente y la planificación anual prevista en las memorias presupuestarias; o inexistencia de una planificación estratégica en materia de subvenciones.

El Tribunal de Cuentas denuncia que falta de seguimiento de los resultados obtenidos y de las desviaciones producidas

Además, la ausencia de una contabilidad analítica no permitió disponer de información sobre los costes de las actividades señalados en la memoria de las cuentas anuales y en los documentos de planificación estratégica de la Entidad, por lo que no se cumplieron las prescripciones contenidas en la normativa.

El descontrol es tal que, por ejemplo, de las 235 subvenciones tramitadas por el Área de Seguimiento y Reintegro de las Subvenciones en los que había vencido el plazo de justificación sin que la ONG hubiera presentado la cuenta justificativa, únicamente se habían requerido 25 subvenciones.

El Tribunal de Cuentas ha comprobado, además, que en muchas ocasiones el requerimiento se ha realizado unos meses o incluso días antes de la finalización del plazo de prescripción y afirma, categórico, que “no se tiene constancia de que la AECID haya iniciado ningún procedimiento sancionador por la presentación de la justificación fuera del plazo”.

El Partido Popular incluye en su programa electoral la promesa de auditar el dinero que se destina a erradicar la pobreza en países del Tercer Mundo para “impedir que fondos públicos sean destinados al activismo político”.

Según el último índice de Transparencia en la Ayuda, que mide el nivel de cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de publicación de datos de la ayuda por parte de cada actor de la cooperación, España se situó en 2018 en el puesto 39 de 45.

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