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La juez del caso ‘ERE’ se da de baja después de dejarlos caducar: los casos de corrupción del PSOE pueden prescribir

María Núñez Bolaños

La Magistrada María Núñez Bolaños es la actual titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Es la actual encargada del caso de los ERE, por el que se encuentran imputados 22 ex altos cargos del gobierno socialista en Andalucía. El verano pasado se cogió una baja, y este año ya ha concatenado una baja entre el 18 de junio y el 17 de julio. Además, posteriormente se marchó de vacaciones y en cuanto las ha terminado ha decidido coger una nueva baja por motivos personales que deja en peligro la causa, ya que muchos de los delitos pueden llegar a prescribir.

Ha tenido que ser su juez de refuerzo, al que destinaron para que se hiciera cargo de los casos ordinarios de la sala, quien ha tomado declaración a todas las personas citadas el martes en el Juzgado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido no nombrar sustituto alguno por el momento, de modo que todo el trabajo de la sala quedará en manos del juez de refuerzo, que se encuentra ya al límite de sus posibilidades. Esto sin duda ralentizará todos los casos del Juzgado, poniendo en peligro las causas de los ERE.

La Juez Núñez Bolaños lleva tiempo centrando la atención de los seis fiscales anticorrupción sevillanos, que ya la denunciaron al Fiscal Jefe por un retraso injustificado en tramitar el caso de los ERE. De hecho, actualmente se enfrenta a una falta grave por estos hechos, dado que su «desatención» está imposibilitando cumplir los plazos previstos.

De hecho, la propia Juez Núñez Bolaños ya ha archivado varias de las causas por haber prescrito. Por el momento ha sobreseído 33 piezas de los ERE que afectaban a un total de 4,75 millones de euros de dinero público, y que permite que los responsables de estos 33 delitos hayan quedado impunes. Según la actual legislación, la malversación de fondos públicos prescribe a los 10 años, siempre que la cantidad no supere los 450.000 euros, y 15 años para cantidades superiores. En los casos de prevaricación, también se cuenta con los mismos 10 años para encausar a los sospechosos.

De este modo se corre el peligro de que muchas más causas para las que todavía no se ha imputado a nadie puedan terminar archivándose. El hecho de que la juez instructora no esté presente no hará sino enturbiar aún más todo el caso.

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