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Los independentistas aceptan echar de Cataluña a la Guardia Civil

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El Parlament ha aceptado este mismo jueves una propuesta de resolución de JxCat y ERC por la que la Cámara  manifiesta imprescindible “la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil”. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, con la abstención de los comuns, y los votos en contra de Cs, PSC y PP.

“Se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía”, incluye el texto que ha sido redactado en el Debate de Política General.

Con la aceptación de este escrito, el Parlament denuncia los “abusos de derechos civiles y políticos que no solo se han centrado en líderes políticos y sociales, sino que han abusado de la legislación impulsada bajo la excusa de combatir el terrorismo, para atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta”, y exige a la Cámara que pida la dimisión de forma inmediata de la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

“Es manifiestamente incapaz, de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía”, termina, y solicita parar las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Cámara pide a los grupos con representación en el Congreso promover un cambio del Código Penal en materia de terrorismo “que abrió la puerta a la arbitrariedad y el abuso” en su aplicación.

JUICIO DEL 1-O

La propuesta aprobada avisa “un incremento de la represión y una creciente deriva en la restricción del libre ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte del Estado, y una acción concertada de los diferentes poderes de Estado constituida en una auténtica causa general contra el independentismo”.

Por ello, el Parlament concreta que el proceso del Tribunal Supremo contra los promotores del 1-O es “arbitrario, sesgado y en el que los derechos fundamentales de la ciudadanía se han visto abusados y violentados por parte, tanto de los cuerpos policiales del Estado, como de la Fiscalía, el juez instructor, el juzgado del Supremo, el Gobierno y el Jefe de Estado”.

La Cámara denuncia un “Gobierno y a una cúpula del poder judicial manifiestamente sesgada y que actúa claramente preocupada por garantizar la razón de Estado”.

También advierte de que sería “un abuso flagrante” el Supremo dictara sentencia antes de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras escogido eurodiputado en las últimas elecciones.

GOVERN Y MOSSOS

También, el Parlament pide al Govern la revisión de su participación en inculpación en procesos jurídicos que afecten en el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Planifica “seguir llevando a cabo una revisión exhaustiva” de las actuaciones de los Mossos d’Esquadra, en concordancia con los mecanismos de transparencia y de control interno.

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