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Torra es imputado por el TSJC y está a un paso de ser inhabilitado por desobedecer a la Junta Electoral

Torra es imputado por el TSJC y está a un paso de ser inhabilitado por desobedecer a la Junta Electoral

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido aceptar a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Cataluña contra Quim Torra abriendo diligencias de investigación “por un delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la autoridad superior, cometido por una autoridad o funcionario público”.

Será el magistrado Carlos Ramos el encargado de decidir si Quim Torra de ser inhabilitado al cometer delito a negarse a cumplir las resoluciones de la Junta Electoral Central que le instaban a retirar lazos amarillos.

En el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se puede leer que “presenta a priori una apariencia delictiva”, siendo necesaria su investigación. La querella establece que Torra por presuntamente incumplir “consciente, abierta y reiteradamente lo decidido por la Junta Electoral Central (JEC)” sobre la retirada “en un plazo corto y perentorio de tiempo de las banderas no oficiales y de los símbolos partidistas que pudieran exhibirse en cualquier edificio público de la Generalitat de Catalunya, bajo la advertencia, consignada en la segunda de las resoluciones, de que, de no hacerlo en el término señalado, incurriría en las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales a que hubiere lugar”.

La Fiscalía defiende que “lejos de obedecer los mandatos de la JEC, el querellado mantuvo más allá del término fijado por el organismo electoral los elementos que había sido conminado a retirar perentoriamente en numerosas dependencias y establecimientos públicos dependientes de la Administración catalana presidida por él, en algunos casos de manera encubierta o simbólica, en forma de carteles, imágenes, figuras, fotografías y simbología de naturaleza ideológica y partidista, vulnerando así conscientemente -según se afirma- el deber de neutralidad y de imparcialidad que las Administraciones públicas están obligadas a respetar, especialmente durante los procesos electorales”.

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