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Interesante y curioso

La democracia de Sánchez: 294 días en estado de alarma y 31 decretazos en el BOE

Ana Isabel Martín

Si el Congreso aprueba la prórroga hasta el 9 de mayo, para entonces habrá gobernado diez meses de 16 en situación de excepcionalidad. A ello se suma su afición al decreto ley. De récord.

“La democracia no es un bazar, no se regatea”. Se lo dijo este miércoles el popular Teodoro García Egea a Pedro Sánchez en el Congreso después de que el presidente, en un gesto de buena voluntad, ofreciera rebajar la prórroga del estado de alarma de seis a cuatro meses. Y que, llegados a ese punto de marzo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud fuera el que decida si levantarlo.

Aunque el PP anunció, ya bien entrada la noche, que no aceptaba la oferta y que este jueves se abstendrá en la votación de la prórroga, devolviendo así al Gobierno a la casilla inicial: seis meses, hasta el 9 de mayo.

El segundo estado de alarma a nivel nacional que decreta Sánchez ha servido para mostrar las costuras democráticas del líder del Ejecutivo. Quien ni siquiera tiene previsto, inicialmente, subir este jueves a la tribuna de la Cámara Baja para defender la prórroga, sino que lo haga el ministro de Sanidad, Salvador Illa. A última hora de este miércoles La Moncloa informó de que el presidente estará a las 9 horas en el Congreso, aunque no aclaró si hablará él.

En cualquier caso, la sola declaración de Sánchez del domingo ya supuso, en opinión de algunos juristas, un “fraude de ley”, puesto que en realidad se solapó con otro estado de alarma que aún estaba en vigor para Madrid capital y otros nuevo municipios de la Comunidad.

Por no hablar de la larga prórroga que pretende aprobar Sánchez de una sola vez y de su intención de que fuera Salvador Illa quien compareciera quincenalmente en la Comisión de Sanidad para rendir cuentas. Aunque finalmente ha accedido a darlas él… cada dos meses. Y por la presión de Esquerra y otros partidos cuyos votos necesita.

Si el presidente consigue este jueves que España quede bajo un estado de alarma hasta el 9 de mayo, para entonces en esta legislatura habrá pasado gobernando más tiempo en situación de excepcionalidad constitucional que en situación de normalidad. De 16 meses (prometió su cargo el 8 de enero de 2019), casi diez. O lo que es lo mismo: de 486 días de legislatura, 294 en estado de alarma y 192 sin él.

Pero hay más. Al amparo del mismo Sánchez se ha convertido, de largo, en el presidente con más afición a gobernar por decreto ley, una modalidad mucho menos engorrosa que un proyecto de ley porque entra en vigor en cuanto lo aprueba el Consejo de Ministros. Aunque luego requiere su convalidación por parte del Congreso en los 30 días siguientes.

Desde el inicio de la legislatura y hasta hoy, el Gobierno de coalición ha aprobado 31 decretazos, una modalidad legislativa que la Constitución reserva para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, y siempre que no afecten “al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.

La pandemia es un caso de extraordinaria necesidad, pero es que Sánchez ya hizo gala de su afición al decreto ley en la pasada legislatura, con 35 aprobados, y también al inicio de ésta, antes del coronavirus. Así como entre medias de ambos estados de alarma, el que acabó en junio y el que ha empezado en septiembre.

Por comparar, Mariano Rajoy, en toda su segunda legislatura  (de noviembre de 2016 a junio de 2018), en la que no tuvo mayoría absoluta, aprobó 31 decretos ley en Consejo de Ministros. Los mismos que ya lleva Sánchez en diez meses.

Tanto decretazo le ha provocado dos buenos revolcones parlamentarios. Nunca antes en cuestión de meses el Congreso había tumbado dos decretos ley a un Gobierno. Al de Sánchez y Pablo Iglesias, sí: el polémico decreto ley sobre los remanentes de los ayuntamientos, en el que alcaldes de casi todo signo (menos socialistas) se unieron contra los planes del Ejecutivo, y uno aprobado inicialmente en abril con medidas para agilizar la administración de Justicia en pandemia.

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