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Interesante y curioso

Lío en el Gobierno: un “olvido” dificulta imponer confinamientos como en marzo

Manuel Villa / Javier Rodríguez

El decreto del estado de alarma no incluye esa medida, reclamada ya desde varias Comunidades Autónomas y exigida con desesperación por Melilla.

Melilla ha dado el primer paso, pidiendo ya sin ambages el confinamiento domiciliario para frenar una curva epidémica disparada. Lo hace porque la situación sanitaria es dramática, con las UCIS al borde del colapso, pero también porque las competencias en la materia son del Gobierno: ni allí ni en la otra ciudad autónoma, Ceuta, están transferidas las competencias en sanidad.

Pero hay un problema, del que el Gobierno se ha dado cuenta tarde, según confirman fuentes políticas de su entorno a ESdiario: el decreto del estado de alarma aprobado, con vigencia para seis meses, no incluye el confinamiento de manera expresa como medida de contención. Ni para las Comunidades Autónomas ni para el propio Gobierno.

Un “olvido” que puede dar problemas si, como parece, hay que volver en parte a la realidad de marzo, cuando comenzó el confinamiento más prolongado del mundo, con tres meses de pervivencia, y a lo que se ve el menos productivo: las infecciones siguen disparadas, quizá llegan a tres millones desde el pasado invierno, como “confesó” el propio Pedro Sánchez hace diez días.

El decreto del estado de alarma puede obligar a los ciudadanos a prestar servicios; pero no recoge los confinamientos

Las mismas fuentes aseguran que en Moncloa se busca el encaje jurídico para que, bien a propuesta de Salvador Illa, bien a petición de los presidentes autonómicos; se pueda volver a los “encierros”, en una versión algo menos radical y, probablemente, con todos los centros educativos abiertos.

El decreto de estado de alarma se extiende hasta la próxima primavera e incluso incluye la posibilidad de que el Gobierno obligue a cualquier ciudadano a prestar servicios a la comunidad, en la función que sea, para atender la emergencia sanitaria. Pero prescinde de la instrucción concreta para confinamientos, lo que técnicamente puede dar problemas jurídicos en un escenario de menor aceptación social de las restricciones.

Algo que fuentes políticas confirman que preocupa en Moncloa, donde se ve con extrema inquietud el clima de contestación y agotamiento social que rodea a la segunda ola. A diferencia de Podemos, que ha aprovechado los disturbios para acusar a VOX, en Presidencia se teme la agitación y qué consecuencias puede tener para el propio Sánchez.

Altos cargos sanitarios de dos autonomías han mostrado a este periódico su preocupación por la falta de herramientas jurídicas con las que incrementar sus restricciones, tras reconocer que tienen en la agenda recurrir a los confinamientos “incluso esta misma semana”. Algo que en el Reino Unido, Irlanda, Gales, Alemania o probablemente Italia en breve, ya se aplica.

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