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Interesante y curioso

Podemos se burla de los dependientes y solo financiará la mitad de lo prometido

Andrea Jiménez

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha dejado a un lado sus compromisos electorales y ahora se salta una de las normas que vertebran sus competencias.

Corría en año 2018 y el entonces secretario general de Podemos presentaba una batería de medidas para “hacer patria” que consistían en reforzar la Ley de Dependencia para que la financiación llegase a todos los que lo necesitan. Y cabe recordar las palabras de Pablo Echenique, clamando a favor de los trabajadores del sector antes de ser condenado por pagar en dinero negro al suyo propio.

Decía entonces el líder morado que “blindar” la Ley de Dependencia y recuperar las cotizaciones sociales para los cuidadores “permite llenar de contenido el verdadero significado de la palabra patria”. Todo un brindis al sol, porque una vez que ha llegado al Gobierno, se ha quedado en agua de borrajas.

El Ejecutivo ha preferido subir el sueldo a los funcionarios, por ejemplo, en lugar de cumplir con una de las promesas de Iglesias, tal y como ha tenido que reconocer el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, encargado de negociar los presupuestos con el PSOE.

De hecho, ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 no prevén que el Estado financie al 50% el sistema de Dependencia, como exige la ley, que además, añade que “la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia recogidas en esta Ley”.

Así, ha señalado que el “plan de choque” que prepara su departamento, que se centrará en la mejora y refuerzo del sistema, especialmente en lo que tiene que ver con los dependientes de larga duración, mayores y personas con discapacidad, pretende dejar el porcentaje de participación del Estado en la Dependencia en “el 26%” durante el próximo año, “alcanzando el 34% al final de la legislatura”, lejos del 50% previsto en la norma, subiendo solo 6 puntos porcentuales la aportación actual.

De hecho, los portavoces de Ciudadanos y Junts en la Comisión del Congreso, Sara Giménez y Genis Boadella, respectivamente, han recordado al secretario de Estado que la obligación del Ejecutivo es compartir a medias la financiación con las comunidades autónomas, una reclamación que Álvarez, ha señalado, está en los horizontes del Gobierno, pero que no ha sido capaz de concretar, culpando a la “erosión” del PP en esta materia de su promesa incumplida.

El PP también ha criticado otros aspectos de los presupuestos, que considera “un trampantojo para ocultar las miserias del Gobierno” en la gestión de la crisis sanitaria. En este sentido, ha denunciado que “uno de cada cuatro euros” que anuncian viene de los Fondos Europeos y, por tanto, “no están garantizados”.

Este mismo argumento ha usado la portavoz de Vox, María de los Reyes Romero, para tachar las partidas de “irreales”. Además, considera que el Gobierno ha realizado unas cuentas “ideológicas”, “antisociales” y “un disparate”.

En su intervención, la diputada también ha mostrado su interés por reforzar “la primera línea” de las organizaciones que han ayudado en la pandemia, “muchas pertenecientes a la Iglesia católica” y que, según ha indicado, espera que no sufren “hostigamiento y acoso anticlerical” por parte del Ejecutivo.

Los empresarios del sector muestran su “desencanto”

Por su parte, los empresarios del sector englobados en la Federación Empresarial de Dependencia (FED) y la patronal de residencias de mayores AESTE ya mostraron su “desencanto” por la partida “insuficiente” de 600 millones de euros que el Gobierno ha aprobado los presupuestos para el sistema de dependencia.

La FED consideró que los objetivos genéricos de la propuesta del Gobierno, mejorar la gestión, reducir la lista de espera, priorizar la atención domiciliaria y mejorar la atención de servicios frente a prestaciones económicas, son correctos, pero critica que la propuesta no concrete cómo resolver la lista de espera actual de más de 270.000 personas, más otras 180.000 pendientes de resolución.

Su presidente, Ignacio Fernández-Cid es partidario de potenciar los servicios domiciliarios, aunque reconoce que siempre hay que “reforzar y potenciar” las camas residenciales porque hay un momento en que el paciente ya no puede vivir en su entorno. En la actualidad, indica, hay un 15% de estos mayores que no tienen cama “por falta de presupuesto”.

Aeste, por su parte, cree que para eliminar la lista de espera, se calcula que haría falta un incremento presupuestario casi cuatro veces mayor, con un mínimo de 2.380 millones de euros de inversión.

En relación con la transformación del sector hacia un modelo de tipo nórdico, la Asociación subraya que, para ello, es también necesaria “una financiación que esté a la altura”. “Mientras que en España se dedica un 0,7% del PIB a cuidados para personas dependientes, estados como los Países Bajos o Noruega aportan, respectivamente, un 3,7% o un 3,3%”, apunta la patronal.

De nuevo, “España está a la cola de la Unión Europea en inversión para atender a las personas mayores”, ha explicado Jesús Cubero, secretario general de Aeste. “Asociaciones, patronales, sindicatos y colectivos profesionales coincidimos en la crítica a estos presupuestos por su limitada aportación social”, ha insistido.

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