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A Trump le quedan tres meses en la Casa Blanca (y dan para mucho)

Ángela González Rodríguez Nueva York

El margen de maniobra de Trump queda reducido a las órdenes ejecutivas, los indultos y el cese de castigo de sus colaboradores más críticos.

Tras perder una elecciones reñidas, sin precedentes y sobre todo, marcadas por la tensión social y el avance implacable del coronavirus, el presidente en funciones, Donald Trump, tiene por delante poco más de tres meses en la Casa Blanca.

Más allá de sacar adelante el paquete de ayudas para hacer frente a los estragos sociales y económicos de la Covid, el margen de maniobra del 45 presidente de EEUU queda reducido al uso de las órdenes ejecutivas, los indultos y el cese de castigo de sus colaboradores más críticos.

Haciendo uso de esta última facultad Trump anunció el lunes el despido de su secretario de Defensa, Mark Esper. Y lo hizo dos días después de que Joe Biden se proclamara presidente electo de EEUU.

“Tengo el placer de anunciar que Christopher C. Miller, el altamente respetado director del Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado de manera unánime por el Senado), será el secretario de Defensa interino, con efecto inmediato”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

“Chris hará un gran trabajo. Mark Esper ha concluido su labor. Me gustaría agradecerle sus servicios prestados”, agregó el mandatario.

 

El nombre de Esper figuraba en la lista de posibles despidos por parte de Trump después de que se opusiera a la propuesta del mandatario de enviar unidades militares para sofocar los disturbios en distintas ciudades del país este verano tras la muerte bajo custodia policial del ciudadano afroamericano, George Floyd.

“La opción del uso de tropas en activo en el papel de garantes de la ley debería ser solo empleado como último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y extremas. No estamos en una de esas situaciones ahora”, afirmó entonces Esper en una conferencia de prensa desde el Pentágono.

Formado en la academia militar de West Point y con experiencia tanto en el Gobierno como en el sector privado, Esper fue designado por Trump como jefe del Pentágono en junio de 2019.

Órdenes ejecutivas

La presidencia de Trump terminará a mediodía del 20 de enero de 2021, tal y como establece la Vigésima Enmienda a la Constitución de EEUU. Teniendo en cuenta el carácter beligerante del presidente en funciones y su negativa a reconocer la victoria de Biden, lo más probable es que Trump aproveche los escasos tres meses que le quedan de mandato para dar algún golpe de efecto a base de orden ejecutiva.

Además de continuar su particular contrarreloj para deslegitimar el triunfo de Biden  (el equipo de campaña republicano ha reclamado en los tribunales el recuento de voto en varios estados como Georgia y Pennsylvania) Trump deberá seguir adelante con sus atribuciones al frente del Ejecutivo.

Si bien no puede firmar ninguna legislación sustancial, excepto lo que ya está en proceso, como el plan de ayuda a la Covid-19 que lleva estancado en el Congreso desde verano, Trump podría hacer uso del poder ejecutivo que le permite firmar órdenes ejecutivas. Dichas órdenes tendrían que pasar por un proceso relativamente largo antes de ser ratificadas.

Cabe recordar que muchas de las órdenes que Trump ya ha emitido aún esperan su activación y Biden podría anularlas una vez que asuma el cargo.

El problema, en palabras de Richard Hasen, autor de Election Meltdown: Dirty Tricks, Distrust, and the Threat to the American Democracy, es que “Trump ha roto tantas normas y ha hecho declaraciones tan incendiarias, incluso acerca de no aceptar una transición pacífica del poder, que las alarmas están sonando”. “No significa que esto vaya a suceder. Pero sí significa que tenemos motivos para preocuparnos de que suceda”, continuó Hasen en referencia a las repetidas negativas de Trump a “conceder” la victoria a Biden.

Indultos a la carta

Lo cierto es que en este momento de su mandato, Trump tiene total libertad para conceder el indulto a quien quiera, incluida su familia, o su antiguo gerente de campaña Paul Manafort, el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y su viejo amigo y asesor Roger Stone (cuya sentencia fue conmutada, pero no totalmente revocada). El poder del perdón presidencial o indulto está recogido en la Constitución y es uno de los poderes más amplios en cuanto a forma y alcance de los que dispone el presidente de EEUU.

Aunque normalmente se otorga a personas que han sido procesadas, también se puede conceder el indulto presidencial en situaciones en las que aún no se ha iniciado un procedimiento legal. El perdón presidencial ni es revisable por otros miembros del Gobierno ni el presidente tiene por qué dar una razón para concederlo, aunque está limitado al ámbito federal.

Trump ya ha dejado caer que podría perdonarse a sí mismo, convirtiéndose una vez más en el primer presidente de la Historia que intenta una argucia de este calibre. El artículo II de la Constitución contiene un lenguaje de clemencia amplio y prácticamente ilimitado que permite al presidente perdonar cualquier delito federal.

Sin embargo, la Constitución no menciona la cuestión del auto-perdón, y no hay ningún ejemplo de un presidente estadounidense que haya cumplido jamás un intento de auto-perdón. Fuentes cercanas al Supremo sugieren que buscar el auto-indulto sería prácticamente admitir culpabilidad.

En otras palabras, un auto-perdón sería contraproducente porque le proporcionaría al Congreso una razón de peso para iniciar un segundo proceso de impeachment o acusación por abuso de poder. A este respecto y antes de ser confirmada para el Tribunal Supremo, la juez Amy Coney Barrett se negó a dar su opinión, alegando que “Esa sería una pregunta legal. Esa sería una pregunta constitucional – y de acuerdo con mi obligación de no dar pistas, avances o pronósticos de cómo resolvería un caso, esa no es una pregunta que pueda responder”.

Todos los ex presidentes anteriores, excluyendo a Barack Obama, abusaron del indulto por razones personales durante sus últimos meses en el cargo. George H.W. Bush y George W. Bush utilizaron el indulto para ayudar a sus aliados políticos (seis acusados de Irán-Contra y “Scooter” Libby, respectivamente, aunque Libby acaba de recibir una conmutación de Bush). Bill Clinton hizo lo propio con su hermano Roger, condenado por posesión de cocaína en Arkansas. En total, Clinton indultó a unas 450 personas, incluido un donante del Partido Demócrata, Marc Rich, que huyó del país por cargos de evasión fiscal.

Ceses de castigo

En Washington, muchos se preguntan si en las próximas semanas se verá una ola de despidos dirigida darles un escarmiento a todos aquellos colaboradores que se han mostrado más críticos de lo tolerado por Trump.

El secretario de Defensa Mark Esper ha sido el primero en caer por mostrar públicamente su desacuerdo sobre el despliegue de unidades militares en ciudades “dirigidas por demócratas” para controlar las protestas de este verano.

Entre las quinielas suenan los nombres del director del FBI, Christopher Wray, cuya gestión ha irritado profundamente a Trump desde verano. El presidente en funciones le reprocha a Wray que se haya centrado en los agitadores de derecha en lugar de en sus enemigos políticos. La directora de la CIA Gina Haspel también se ha ganado la animadversión de Trump en los últimos tiempos por no respaldar los planes del director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, de desclasificar materiales no verificados que ayudarían a sembrar dudas sobre la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Una orden ejecutiva firmada en octubre por Trump “reclasificaría miles de puestos profesionales de la administración pública como ‘políticos’, lo que permitiría al presidente reemplazar a los profesionales y expertos en todo el gobierno federal, que juran un juramento a la Constitución, no a ningún presidente, por aduladores”, según el columnista de MSNBC Daily Brett McGurk.

En teoría, Trump podría despedir a todos estos funcionarios de una tacada, bien sustituyéndolos por personas más afines a él, bien dejando los puestos vacantes para que se encargue de resolver el entuerto el siguiente equipo de Gobierno.

Borrado de la era Trump

En el caso de que los demócratas tomen el control de ambas cámaras del Congreso, podrán eliminar rápidamente las regulaciones aprobadas en los últimos 60 días legislativos del mandato de Trump, gracias a la Ley de Revisión del Congreso.

Una vez más, las dudas envuelven este proceso poco común, ya que hasta mediados de enero no estará claro cuándo comienza ese período; todo depende de cuántos días se reúna el Congreso de aquí al 3 de enero, cuando finaliza su mandato actual.

En este sentido, Biden ya ha dicho que planea derogar más de 100 leyes y regulaciones ambientales y de salud pública de la administración Trump, incluida la revocación de las protecciones para las personas transgénero.

Desde el 1 de julio, por ejemplo, un análisis del think tank independiente Centro para la Integridad Pública muestra que se han publicado más de 1.000 cambios regulatorios en el Registro Federal, aunque sólo un centenar ha llegado al nivel de ser revisados por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, que es la encargada de tamizar las regulaciones “importantes”. Los cambios que podrían estar sujetos a la Ley de Revisión del Congreso incluyen uno que debilita los estándares de emisiones de metano y otro que expuso el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico a la perforación.

De esta manera, Trump probaría de su propia medicina: Antes de que Trump asumiera el cargo, la Ley de Revisión del Congreso solo se había utilizado una vez. Los republicanos utilizaron la Ley de Revisión del Congreso para deshacer al menos 14 de las reglas de la administración Obama. En retrospectiva, la administración Trump pasará la Historia como una de las más agresivas a la hora de revocar las regulaciones federales, particularmente las implementadas por el presidente Barack Obama, incluida una regla destinada a evitar que las personas con problemas de salud mental compren armas y una regulación dirigida a evitar que las empresas de carbón arrojen desechos mineros a los arroyos.

¿Y si Trump se niega a irse?

Lo último que el presidente “podría” hacer es negarse a dejar el cargo. En el caso hipotético de que el presidente en funciones se negara a pasar el testigo el próximo 20 de enero, cabe la posibilidad de que el Servicio Secreto tenga que expulsarlo por la fuerza, algo que la campaña de Biden ya confirmó en alguna ocasión.

Así lo corrobora Robert Shapiro, profesor y ex director interino del Instituto de Investigación y Políticas Sociales y Económicas de la Universidad de Columbia. Una vez los electores ratifiquen a Joe Biden como presidente en la votación del Colegio Electoral del 14 de diciembre, Saphiro explica que “en ese momento, se pasa al Congreso (generalmente antes del 23 de diciembre) y se certifica allí el 6 de enero por el vicepresidente (saliente)”. Una vez llegados a ese punto, en términos legales, Trump podría hacer poco para mantenerse en el poder.

“Alguien jura (a Biden) como presidente. Podría ser el presidente de la Corte Suprema. Podría ser su abuela. A partir del mediodía del 20 (de enero), él es el presidente de EEUU. Todo el Servicio Secreto informa a él”, explica Shapiro. “Donald Trump, como presidente saliente, tiene un contingente del Servicio Secreto. Biden va a la Casa Blanca y el Servicio Secreto escolta a Trump. Eso es lo que sucede. Todo el servicio civil del gobierno, todos los empleados de EEUU reportan a Biden en ese momento”.

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