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Los estertores de Trump: el hombre que gobernó por Twitter pero no acepta perder por correo

Ángela González Rodríguez  Enrique Lavilla

Pese a negarse a abandonar la Casa Blanca, la Vigésima Enmienda a la Constitución de EEUU pone fecha de caducidad al mandato presidencial de Donald Trump: el 20 de enero de 2021.

Donald Trump se convirtió el 20 de enero de 2017 en el 45 presidente de EEUU. Y, aunque le pese, tendrá que abandonar su cargo el 20 de enero de 2021 en favor de Joe Biden, que este sábado se convirtió en presidente electo (con 279 compromisarios y a falta de completarse el recuento en los estados de Arizona, Georgia y Carolina del Norte).

Desde que llegó a la presidencia, Trump se ha valido de todas las herramientas a su alcance para mantenerse en el cargo. Y Twitter ha destacado sobre ninguna otra. Ha sido un presidente que ha gobernado a golpe de tuit y tras conocerse los resultados electorales ha utilizado esta misma red social para dejar claro que no acepta la derrota.

Desde Twitter ha lanzado acusaciones de fraude y ha asegurado que  en realidad ha sido él quien ha ganado las elecciones. “He ganado estas elecciones. Y por mucha diferencia” tuiteaba el pasado 7 de noviembre, negando la realidad. Negando toda evidencia. Dos días después de conocerse los resultados todavía no ha felicitado a Biden.

 

Twitter, una herramienta tecnológica que se fundó el 21 de marzo de 2006, ha sido el medio favorito de Trump para publicitar y amplificar sus mensajes. Pero con lo que no contaba el magnate estadounidense es con que un instrumento mucho más pedestre y arcaico iba a desalojarle de la Casa Blanca. Una institución fundada en 1776 y que es todo un emblema en el país de la bandera de las barras y estrellas: el servicio postal de EEUU. El voto por correo ha sido decisivo en estas elecciones y le ha impedido renovar mandato. Trump ensalzó Twitter pero subestimó los sobres y los sellos.

Pese a negarse a abandonar la Casa Blanca, la Vigésima Enmienda a la Constitución de EEUU pone fecha de caducidad al mandato presidencial. En concreto, la presidencia de Trump terminará a mediodía del 20 de enero de 2021.

El Four Seasons y el sex shop

La historia que inició hace cuatro años en un exclusivo hotel de Manhattan y lo catapultó a la Presidencia de EEUU terminó este fin de semana para el líder republicano Donald Trump con una gris rueda de prensa de sus abogados en el estacionamiento de una empresa en Filadelfia, vecina a un crematorio y a un sex shop.

Un podio al aire libre con una serie de carteles adheridos a la puerta corrediza de una bodega fue la escenografía preparada para que el abogado de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, y otros de sus asesores hablaran a los periodistas el sábado desde Filadelfia (Pensilvania) mientras se contaban los votos.

La rocambolesca elección del lugar sorprendió a más de uno y sigue siendo una incógnita. En Twitter, el mandatario anunció el sábado una “gran conferencia de prensa”.

Trump en principio informó de que el evento tendría lugar en el hotel Four Seasons de Filadelfia, pero poco después eliminó ese mensaje para señalar que se desarrollaría en el “Four Seasons Total Landscaping”, que es una empresa de jardinería.

Fue tal la confusión que el mismo hotel se pronunció en esa red social: “Para aclarar, la rueda de prensa del presidente Trump NO se realizará en el Hotel Four Seasons de Filadelfia. Se llevará a cabo en el Four Seasons Total Landscapping -sin relación con el hotel”.

 

Y así ocurrió: desde un podio rodeado por dos cajas acústicas y volantes azules y rojos colocados de fondo habló Giuliani, a las afueras de un modesto edificio junto al sex shop Fantasy Island Adult Book y frente al crematorio Delaware Valley Cremation Center.

“Obviamente no va a conceder” la derrota, anticipó el abogado, cuyas palabras pasaron desapercibidas en medio de la euforia que se apoderó en parte del país después de que las proyecciones de los medios estadounidenses dieran como ganador al candidato demócrata, Joe Biden.

Muy en el pasado parece que quedó la imagen del entonces magnate neoyorquino cuando bajó junto a su esposa, Melania, por una escalera dorada en un exclusivo hotel de Manhattan para anunciar que aspiraría a la Presidencia, que finalmente consiguió y ahora acaba de perder.

¿Si se niega a irse?

Lo último que el presidente “podría” hacer es negarse a dejar el cargo. En el caso hipotético de que el presidente en funciones se negara a pasar el testigo el próximo 20 de enero, cabe la posibilidad de que el Servicio Secreto tenga que expulsarlo por la fuerza, algo que la campaña de Biden ya confirmó en una declaración reciente.

Así lo corrobora Robert Shapiro, profesor y ex director interino del Instituto de Investigación y Políticas Sociales y Económicas de la Universidad de Columbia. Una vez los electores ratifiquen a Joe Biden como presidente en la votación del Colegio Electoral del 14 de diciembre, Saphiro explica que “en ese momento, se pasa al Congreso [generalmente antes del 23 de diciembre] y se certifica en el Congreso el 6 de enero por el vicepresidente [saliente]”.

Una vez llegados a ese punto, en términos legales, Trump podría hacer poco para mantenerse en el poder. “Alguien jura [a Biden] como presidente. Podría ser el presidente de la Corte Suprema. Podría ser su abuela. A partir del mediodía del 20 [de enero], él es el presidente de los Estados Unidos. Todo el Servicio Secreto le informará a él”, dijo Shapiro.

“Donald Trump, como presidente saliente, tiene un contingente del Servicio Secreto. Biden va a la Casa Blanca y el Servicio Secreto escolta a Trump. Eso es lo que sucede. Todo el servicio civil del gobierno, todos los empleados de EEUU reportan a Joe Biden en ese momento”.

Reducido al poder ejecutivo

Dado el carácter beligerante del presidente en funciones, rechazando frontalmente el conceder la victoria a Biden en las urnas, lo más probable es que Trump aproveche los escasos tres meses que le quedan de mandato para dar algún golpe de efecto a base de orden ejecutiva.

Además de continuar su particular contrarreloj para deslegitimar el triunfo de Biden –el equipo de campaña republicano ha reclamado en los tribunales el recuento de voto en varios estados como Georgia y Pensilvania– Trump deberá seguir adelante con sus atribuciones al frente del Ejecutivo.

Si bien no puede firmar ninguna legislación sustancial, excepto lo que ya está en proceso, como el plan de ayuda Covid-19 que lleva estancado en el Congreso desde verano, Trump podría hacer uso del poder ejecutivo que le permite firmar órdenes ejecutivas. Dichas órdenes tendrían que pasar por un proceso relativamente largo antes de la ratificación.

Cabe recordar que muchas de las órdenes que Trump ya ha emitido aún esperan su activación y Biden podría anularlas una vez asuma el cargo.

El problema, en palabras de Richard Hasen, autor de Election Meltdown: Dirty Tricks, Distrust, and the Threat to the American Democracy, es que “Trump ha roto tantas normas y ha hecho declaraciones tan incendiarias, incluso acerca de no aceptar una transición pacífica del poder, que las alarmas están sonando”.

“No significa que esto vaya a suceder. Pero sí significa que tenemos razón en preocuparnos de que suceda”, continuó Hasen en referencia a las repetidas negativas de Trump a “conceder” la victoria a Biden.

Lucha contra la Covid

Cabe destacar que aunque derrotado en las urnas, Trump permanecerá en el cargo hasta el 20 de enero, fecha para la que los expertos en salud pública esperan que el coronavirus siga propagándose por todo el país, sumando miles de muertos a una cifra que ya sobrepasa los 230.000.

Desde que Trump declarara el coronavirus emergencia nacional en marzo, la Casa Blanca ha aprobado o está revisando 247 acciones regulatorias temporales o permanentes, de las cuales solo 33 fueron clasificadas como relacionadas con la pandemia, según un análisis de abril del Centro para la Integridad Pública.

La doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, ha estado advirtiendo, cada vez con mayor urgencia, de que el país está entrando en un momento aún más crítico. La preocupación dentro y fuera de la Casa Blanca va in crescendo pues se teme que los llamamientos de Birx a “una acción mucho más agresiva en cuanto al mensaje, la disponibilidad de las pruebas y el aumento de personal especializado en todo el país antes de llegar al punto de crisis” caigan en saco roto.

Y es que además del habitual modus operandi de Trump de restarle importancia a la enfermedad y sus consecuencias, la previsible división del Congreso una vez se constituyan las nuevas Cámaras, jugará en contra de cualquier medida rápida (el acuerdo para un segundo paquete de ayudas fiscales y económicas para paliar los efectos de la Covid lleva estancado en el Congreso desde verano).

Ceses de castigo

En Washington, muchos se preguntan si en las próximas semanas se verá una ola de despidos dirigida a darles un escarmiento a todos aquellos colaboradores que se han mostrado más críticos de lo tolerado por Trump.

Entre las quinielas suenan los nombres del director del FBI, Christopher Wray, cuya gestión ha irritado profundamente a Trump desde verano. El presidente en funciones le reprocha a Wray que se haya centrado en los agitadores de derecha en lugar de en sus enemigos políticos.

El secretario de Defensa, Mark Esper, y la directora de la CIA, Gina Haspel, también se han ganado la animadversión de Trump en los últimos tiempos. El primero por mostrar públicamente su desacuerdo sobre el despliegue de unidades militares en ciudades “dirigidas por demócratas” para controlar las protestas de este verano y la segunda por no respaldar los planes del director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, de desclasificar materiales no verificados que ayudarían a sembrar dudas sobre la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Una orden ejecutiva firmada en octubre por Trump “reclasificaría miles de puestos profesionales de la administración pública como ‘políticos’, lo que permitiría al presidente reemplazar a los profesionales y expertos en todo el gobierno federal, que emiten un juramento a la Constitución, no a ningún presidente, por aduladores”, según el columnista de MSNBC Daily, Brett McGurk.

En teoría, Trump podría despedir a todos estos funcionarios de una tacada, bien sustituyéndolos por personas más afines a él, bien dejando sus puestos vacantes para que se encargue de resolver el entuerto el siguiente equipo de gobierno.

Indultos a la carta

Lo cierto es que en este momento de su mandato, Trump tiene total libertad para conceder el indulto a quien quiera, incluida su familia, o su antiguo gerente de campaña Paul Manafort, el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y su viejo amigo y asesor Roger Stone (cuya sentencia fue conmutada, pero no totalmente revocada). El poder del perdón presidencial o indulto está recogido en la Constitución y es uno de los poderes más amplios en cuanto a forma y alcance de los que dispone el presidente de EEUU.

Aunque normalmente se otorga a personas que han sido procesadas, también se puede conceder el indulto presidencial en situaciones en las que aún no se ha iniciado un procedimiento legal. El perdón presidencial ni es revisable por otros miembros del gobierno ni el presidente tiene por qué dar una razón para concederlo, aunque está limitado al ámbito federal.

Trump ya ha dejado caer que podría perdonarse a sí mismo, siendo el primer presidente de la Historia que intentaría llevar a cabo esta argucia. El artículo II de la Constitución contiene un lenguaje de clemencia amplio y prácticamente ilimitado que permite al presidente perdonar cualquier delito federal. Sin embargo, la Constitución no menciona la cuestión del auto-perdón, y no hay ningún ejemplo de un presidente estadounidense que haya cumplido jamás un intento de auto perdón.

Fuentes cercanas al Supremo sugieren que buscar el auto-indulto sería prácticamente admitir culpabilidad. En otras palabras, un auto-perdón sería contraproducente porque le proporcionaría al Congreso una razón de peso para iniciar un segundo proceso de impeachment o acusación por abuso de poder.

A este respecto y antes de ser confirmada para el Tribunal Supremo, la juez Amy Coney Barrett se negó a dar su opinión, alegando que “esa sería una pregunta legal. Esa sería una pregunta constitucional y de acuerdo con mi obligación de no dar pistas, avances o pronósticos de cómo resolvería un caso, esa no es una pregunta que pueda responder”.

Todos los expresidentes anteriores, excluyendo a Barack Obama, abusaron del indulto por razones personales durante sus últimos meses en el cargo. George H.W. Bush y George W. Bush utilizaron el indulto para ayudar a sus aliados políticos (seis acusados de Irán-Contra y “Scooter” Libby, respectivamente, aunque Libby acaba de recibir una conmutación de Bush). Bill Clinton hizo lo propio con su hermano Roger, condenado por posesión de cocaína en Arkansas. En total, Clinton indultó a unas 450 personas, incluido un donante del Partido Demócrata, Marc Rich, que huyó del país por cargos de evasión fiscal.

Borrar los últimos 60 días

En el caso de que los demócratas tomen el control de ambas cámaras del Congreso, podrán eliminar rápidamente las regulaciones aprobadas en los últimos 60 días legislativos del mandato de Trump, gracias a la Ley de Revisión del Congreso.
Una vez más, las dudas envuelven este proceso poco común, ya que hasta mediados de enero no estará claro cuándo comienza ese período; todo depende de cuántos días se reúna el Congreso entre ahora y el 3 de enero, cuando finaliza su mandato actual.

En este sentido, Biden ya ha dicho que planea derogar más de 100 leyes y regulaciones ambientales y de salud pública de la administración Trump, incluida la revocación de las protecciones para las personas transgénero.

De esta manera, Trump probaría de su propia medicina: antes de que asumiera el cargo, la Ley de Revisión del Congreso sólo se había utilizado una vez. Los republicanos utilizaron la Ley de Revisión del Congreso para deshacer al menos 14 de las reglas de la administración Obama.

En retrospectiva, la administración Trump pasará la Historia como una de las más agresivas a la hora de revocar las regulaciones federales, particularmente las implementadas por el presidente Barack Obama, incluida una regla destinada a evitar que las personas con problemas de salud mental compren armas y una regulación dirigida a evitar que las empresas de carbón arrojen desechos mineros a los arroyos.

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