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¿Qué pasa si Trump o Biden no aceptan los resultados electorales? Así se resolvería la disputa

Ángela González Rodríguez Nueva York

La Constitución y leyes federales garantizan una transición democrática. La posible disputa se resolvería en el Colegio Electoral, el Congreso y el Senado.

En unas elecciones marcadas por la creciente polarización del voto y un volumen inusual de voto temprano (por correo y en persona) acrecentado por la pandemia de coronavirus, cada vez son más las voces que alertan sobre un proceso de renovación del Ejecutivo estadounidense inusualmente largo y complicado.

Cabe destacar que hay 11 estados, entre los que se incluyen estados decisivos como Michigan y Pensilvania, que no permiten que se procesen las papeletas electorales enviadas por correo antes del día de las elecciones. Algunos demócratas y organizaciones afines han advertido sobre un “espejismo rojo” la noche del 3 de noviembre.

“Estamos dando la alarma y diciendo que esta es una posibilidad muy real, que los datos mostrarán en la noche de las elecciones una victoria increíble para Donald Trump”, tal y como explicó en una entrevista con HBO Josh Mendelsohn, director ejecutivo de Hawkfish, una agencia de análisis de datos fundada por el exalcalde de Nueva York y candidato presidencial demócrata de 2020 Michael Bloomberg.

“Los resultados del conteo de la noche del 3 de noviembre pueden decir algo muy distinto de los de la noche del 10 de noviembre”, agregó Mendelsohn en alusión a la posibilidad de que Trump declare prematuramente la victoria con votos en persona la noche de las elecciones antes de que se hayan contado todas los votos y luego impugne los resultados en la corte si el resultado se inclina a favor de Biden. En este sentido, el propio Trump tuiteó en julio que los resultados de las elecciones deben de conocerse la noche de las elecciones, “no días, meses o incluso años después”.

Proceso de “desbloqueo”

En el caso más que probable de que alguno de los candidatos de este año recurriera o cuestionara estos resultados, la Constitución establece varias opciones para resolver la disputa y garantizar la transición democrática a la nueva legislatura.

El 3 de noviembre marca el inicio del periodo de “interregno” con la jornada electoral en la que se decide el llamado voto popular. Primero, los estados tienen más de un mes para contar las papeletas, plazo necesario para hacer frente al esperado aumento del voto por correo y realizar recuentos si es necesario. El 14 de diciembre se emiten los votos electorales de los estados. Gana el candidato que obtenga al menos 270 de los 538 votos electorales.

Este año, todo apunta a que los plazos serán observados con mayor rigor que nunca, dado el carácter inusual de la campaña electoral marcada por el coronavirus. En este sentido, cabe recordar que durante las elecciones de 2000, la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente puso fin al recuento de votos de Florida, diciendo que se había agotado el tiempo antes de que se reunieran los electores.

La 12ª Enmienda ordena al vicepresidente, como presidente del Senado, presidir la sesión conjunta del Congreso que cuenta los votos electorales y “abrir todos los certificados” recibidos de los estados.

Con vistas a acabar con cualquier margen de maniobra para corromper o abusar del sistema, el Congreso, concretamente a través de la Ley de Conteo Electoral de 1887, tiene la atribución de asegurar que se siguen al pie de la letra el formato y la duración de los procedimientos, además de regular lo que el vicepresidente en funciones –Mike Pence en este caso– puede y no puede hacer mientras preside esa sesión. La Constitución exige que la Cámara de Representantes y el Senado cuenten las papeletas del Colegio Electoral y, en caso de empate, seleccionen al Presidente y al Vicepresidente, respectivamente.

Históricamente, este proceso se ha desarrollado sin contratiempos. Incluso después del drama electoral de 2000, el vicepresidente saliente, Al Gore, presidió el recuento de votos electorales que dio como ganador a su contrincante al desestimar las objeciones de los demócratas de la Cámara sobre los votos electorales de Florida por no contar con la rúbrica de al menos un senador, tal y como establece la ley federal.

Pese a las garantías constitucionales, desde el blog especializado en leyes electorales Lawfare advierten de que en el caso de que existieran ‘certificados en disputa’ de ciertos estados, el vicepresidente de turno podría intentar boicotear el avance del proceso, llegando a ser posible un escenario en el que tanto la presidencia como la vicepresidencia del Estado estén vacantes el 20 de enero de 2021.

“Estos movimientos desesperados pueden parecer poco probables. Pero los observadores cuidadosos no tienen más remedio que considerarlos, porque los titulares de 2020 se han negado a comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones. Incluso si se puede evitar la violencia en las calles, como sucedió después de las elecciones de 1824 y 1876, los actores de mala fe que intentan interrumpir una elección sin problemas pueden violar la norma y, como resultado, el orden constitucional,” destacan desde Lawfare.

¿Si en 2021 no hay presidente?

A este respecto, el propio Trump ha predicho que la Corte Suprema podría terminar determinando al ganador de la batalla electoral, apuntando la posibilidad de que se estanquen las conversaciones en el Colegio Electoral, teniendo que intervenir por tanto el Congreso. A su vez, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelossi, ha pedido a sus compañeros de partido que, a la hora de determinar dónde invertir el dinero recaudado en campaña, consideren una posible ”pelea” en la Cámara por la presidencia.

El hecho de que tanto Trump como Mike Pence hayan evitado garantizar de forma explícita que aceptarán los resultados electorales y asegurarán un traspaso de poder sin sobresaltos en caso de que Joe Biden gane las elecciones no ha hecho más que avivar la preocupación en el país.

¿Qué pasaría entonces si el proceso habitual falla y la Cámara no ha elegido un presidente para el Día de la Inauguración (20 de enero de 2021)? En ese caso se aplicaría la Vigésima Enmienda, que establece que el vicepresidente electo actúa como presidente hasta que se elige un presidente. Si aun así no se resuelve el bloqueo y sigue sin haber un vicepresidente electo para el Día de la Inauguración, se aplicaría la Ley de Sucesión Presidencial. Dicha ley ordena que el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Senado o un funcionario del Gabinete, en ese orden, actuaría como presidente hasta que haya un presidente o un vicepresidente.

El experto en materia constitucional Joshua Geltzer le dijo recientemente a Mehdi Hasan en su programa Deconstructed que “no hay razón para creer que Trump se irá en silencio si es derrotado” destacando, no obstante, que el 20 de enero de 2021 finaliza el mandato del presidente actual. “Y también está claro que si no hay alguien cuyos votos hayan sido certificados por el Congreso como el nuevo presidente, entonces comienza la línea de sucesión“. Línea de sucesión que en la actualidad situaría a la Portavoz de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, como la siguiente presidenta en funciones.

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